Gobierno blindará recursos para frenar corrupción en Costa Pacífica

GUAPI CAUCAAEl Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, destacó el acuerdo a que se llegó entre el gobierno y las comunidades de la Costa Pacífica, para terminar el paro cívico impulsado como consecuencia de la corrupción denunciada contra algunos de los alcaldes del litoral, causante de muchas de las situaciones de pobreza y desatención oficial a las necesidades sociales de la región.

Dijo que a partir de la presente semana inicia una jornada permanente de control fiscal, administrativo y judicial, de parte de los organismos oficiales, para establecer responsabilidades y mejorar la utilización de los recursos estatales dirigidos a solucionar los problemas más apremiantes de las comunidades del sector y poner punto final a la delicada situación.

El mandatario de los caucanos señaló que los acuerdos, que cobijan a once municipios de los departamentos de Cauca y Nariño, fueron avalados por los viceministros del Interior, Juan Camilo Restrepo, y de Agricultura, Aníbal Fernández de Soto, además de delegados de los organismos de control y de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

Precisó que se realizarán cuatro reuniones de seguimiento cada veinte días en el municipio de Guapi y luego una cada mes en los demás municipios. La Contraloría General de la República se encargará de efectuar las auditorías fiscales en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, en el Cauca y en las localidades de Iscuandé, La Tola, Olaya Herrera, El Charco, Mosquera, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, en el departamento de Nariño.

Identificación de necesidades

En segundo término, dijo el Gobernador Ortega Narváez, el próximo 18 de septiembre los gobiernos departamentales y nacional iniciarán un proceso de identificación de necesidades y de seguimiento a los proyectos de inversión que se adelantan en las regiones, de la mano con las comunidades, a fin de asegurar y blindar su financiación. En tercer lugar, señaló, se fortalecerá el tema de Derechos Humanos y Garantías a las comunidades afrodescendientes, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República, para adelantar programas orientados a la capacitación en veedurías ciudadanas, a consolidar el funcionamiento de los consejos comunitarios, “y, por supuesto, a garantizarles la seguridad, su vida y la integridad personal a los líderes comunitarios de la región”.

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