Por peculado por uso y urbanización ilegal podrían ser investigados servidores que usaron maquinaria pública en predio de particulares

Al tiempo que la personería de Popayán y la Contraloría del Municipio iniciaron indagaciones preliminares para determinar una denuncia periodística sobre el uso indebido de maquinaria oficial para beneficio de particulares, abogados administrativos determinaron que de oficio también se podrían iniciar investigaciones penales contra quienes promovieron la explanación de un predio rural particular con fines de promoción de vivienda tipo rubano.

concejal-escandalo

 

El caso se refiere al trabajo que durante dos fines de semana se realizó en un predio de particulares por parte de maquinaria de la secretaría de infraestructura de Popayán, acción que fue liderada por el concejal Luis Sánchez, como el mismo reconoció y sin que al parecer tuviera conocimiento del tema la secretaria de Infraestructura Maria Eugenia Trujillo Solarte.

Aunque la funcionaria pública dijo que hará una investigación en su dependencia y el concejal se defiende bajo el argumento que solo cumplia con una gestión de beneficio comunitario, juristas consideran que se estaría ante la presunta comisión de unos delitos los cuales serían:

– Artículo 398 del Código Penal – Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Este delito en principio se le atribuiría al encargado de administrar estos bienes y al señor Concejal posiblemente entraría en alguna modalidad de participación como determinador, coautor o cómplice, de acuerdo a los resultados de la investigación,  señalan los analistas.

En lo atinente a la urbanización en un lote no permitido, también se estaría  ante la presunta comisión del delito de urbanización ilegal:

Artículo  318. Urbanización ilegal. El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. El servidor público que dentro del territorio de su jurisdicción y en razón de su competencia, con acción u omisión diere lugar a la ejecución de los hechos señalados en los incisos 1 y 2 del presente artículo, incurrirá en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de tres (3) a cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta.

Órganos de control e investigación sin embargo deberán reunir todas las pruebas para determinar responsabilidades.

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