Varios congresistas y excongresistas del Cauca ‘investigados’ por mermelada

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra de 230 congresistas y excongresistas de Colombia por lo que se ha conocido como la ‘mermelada’, o el supuesto mal manejo de los cupos indicativos. La investigación se desprende de una denuncia al alto tribunal en la que se le pide que investigue a los congresistas por, supuestamente, haber recibido incentivos para aprobar ciertos proyectos de ley a favor del gobierno de Juan Manuel Santos.

Entre los investigados están los ex senadores Aurelio Iragorri, Jesus Ignacio García, José Dario Salazar, el senador Luis Fernando Velazco, la exrepresentante a la cámara Esmeralda Sarria, y  los actuales representantes Carlos Julio Bonilla, Crisanto Pisso y Jhon Jairo Cárdenas.

La apertura de indagación se da para corroborar y verificar la veracidad de una denuncia que se presentó en 2013 por Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo de la ONG Corporación Foro Ciudadano, quienes alegan la existencia de una presunta “compra de votos” por parte del Gobierno para la aprobación de proyectos de ley relacionados con la Paz y la reelección presidencial.

La denuncia afirma que a cambio de votos, se entregaban cupos indicativos, cargos públicos a familiares y a amigos de los congresistas o contratos y “la adjudicación de contratación estatal prevista en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), dentro del cual se tenía proyectado la realización de unas obras públicas de desarrollo social en todo el territorio nacional en época de campaña electoral.

La Sala Penal entrará a verificar esta información y por ahora ordenó una serie de pruebas entre las que están el entrevistar a los denunciantes, verificar la supuesta entrega de cargos por departamentos y si ya existen investigaciones abiertas por “la mermelada” en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General.

Cifuentes explicó que en Colombia se ha hecho común escuchar que un congresista “recibió tal contrato, tal partida o tal entidad a cambio de su apoyo en el Congreso. Eso es un delito”.

“Hay una independencia en las ramas del poder público, los señores congresistas no tienen que votar a cambio de nada, sino a representar los electores que los elegimos y no a sus intereses particular, no a los puestos. Los congresistas no tienen porque no recibir ninguna dádiva y aplaudo que la Corte haya abierto la investigación y que estas personas expliquen, cómo era posible que a cambio de contratos, nombramientos y cupos indicativos estaban dando los votos”, señaló.

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