Situación de Derechos humanos en el Cauca es grave: Defensoría del Pueblo

En el marco de su visita al Andén Pacífico, la Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades a tomar acciones eficaces para superar la grave crisis humanitaria y social por la que atraviesa el departamento del Cauca, la cual ha venido profundizándose en los últimos años.

Teniendo en cuenta la problemática en materia de seguridad, salud y educación, la Entidad adelantó una Audiencia Defensorial en el municipio de Guapi para presentar el informe “La situación de los derechos humanos del departamento del Cauca”, que se convierte en una radiografía de lo que desde el terreno la Defensoría ha logrado evidenciar.

“Las comunidades que visitamos no hablan de temas de seguridad, es muy difícil permanecer en los territorios cuando los violentos ejercen presión. Por eso le he pedido al Gobierno que adelante la Mesa de Garantías de Seguridad desde territorios para que se pueda conocer la realidad de las comunidades”, dijo el Defensor desde el municipio de Guapi.

Durante 2017, la Defensoría del Pueblo registró dentro del Informe 3 desplazamientos forzados masivos, con un nivel de afectación para 386 familias y 1.153 personas. Han sido víctimas las comunidades de los municipios de Argelia, Almaguer, Caloto, Morales, y, sobre la costa pacífica, Guapi, Timbiquí y López de Micay.

Así mismo, el Informe señala una grave situación de seguridad para los líderes sociales de ese departamento. “Como Defensor del Pueblo debo velar por su protección. Si me toca caer, lo voy a hacer porque no tengo temor y lo ordena mi corazón”, afirmó el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera.

La Entidad recomendó en el Informe que las indagaciones e investigaciones que se adelanten por los homicidios de los líderes trasciendan a la etapa de judicialización y captura de los responsables o autores materiales, y procuren esclarecer -ante todo- las responsabilidades intelectuales por estos crímenes.

Asimismo, el informe indica que la extracción minera ilegal de oro se ha convertido en la principal fuente de ingresos del ELN y las disidencias de las Farc, que en la actualidad poseen el control del territorio, aunque este viene siendo disputado con fuerza por parte de organizaciones posdesmovilización en zonas como la costa pacífica caucana.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno Nacional para que contemple en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 al departamento del Cauca como eje que impulse estrategias para hacer frente al conflicto armado y la implementación de la paz, y para adelantar proyectos de inversión social y comenzar a prevenir las nuevas conflictividades sociales.

Además, recomienda fortalecer la presencia de unidades de la Fuerza Pública en el Cauca a través de labores de disuasión, operaciones de registro y control, así como acciones ofensivas enmarcadas en el respeto por los principios del Derecho Internacional Humanitario, que contribuyan a desarticular a los grupos armados ilegales.

En la audiencia el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, reiteró su llamado al gobierno Nacional para que el programa de sustitución sea una realidad en los territorios que incidan en la ruptura de la ilegalidad y se de paso a nuevas dinámicas de desarrollo económico en las regiones,

“La disrupción será efectiva contra el narcotráfico y la minería ilegal, siempre y cuando, a renglón seguido se atiendan los territorios afectados con proyectos productivos, son 25 municipios ZOMAC quienes posibilitan cadenas de valor del gran capital  que existe en el Cauca” expresó.

Desde el domingo 5 de noviembre, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera emprendió una misión a lo largo del Pacífico colombiano para visibilizar la grave situación en materia de derechos humanos que afrontan algunas comunidades como López de Micay, Timbiquí, Guapi (Cauca) y Tumaco (Nariño).

La misión liderada por el Defensor del Pueblo inició su travesía por la región Pacífica, gracias al apoyo financiero de la Unión Europea. El objetivo: visibilizar las vulneraciones a los derechos humanos y las necesidades de las comunidades más vulnerables en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

 

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