Qué viene para Popayán y para el suspendido alcalde Cesar Cristian

¿Qué viene administrativamente para Popayán?

Como ocurrió en el pasado cuando el acalde Cesar Cristian Gómez Castro fue detenido en una investigación por un convenio de tránsito, el Gobernador del Cauca deberá nombrar un alcalde encargado, mientras los partidos políticos que avalaron la inscripción de Cesar Cristian como candidato definen una terna de donde saldrá el alcalde en provisionalidad.

El alcalde que llegue de la terna tendrá un breve margen de acción debido a que viene ley de garantías a mediados de Julio y luego de Octubre practicamente deberá ejecutar acciones en medio de un empalme con nuevo gobierno.

¿Qué recursos jurídicos le quedan al alcalde?

La decisión de la Procuraduría no tiene recurso, pero el alcalde puede optar por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa y buscar un análisis de su caso ante una corte internacional como lo hizo en su momento Gustavo Petro,  ambos procesos pueden tardar meses, incluso más allá de los términos de la sanción

¿Qué consecuencias podría tener la suspensión del alcalde?

Uno de los principales temores es lo que puede pasar con el laudo arbitral que obliga a indemnizar a la firma de Ingenieros Solarte por más de 70.000 millones de pesos, la interinidad en el gobierno podría retrasar los procesos que buscan la anulación del laudo y con ello podría quedar en firme el fallo comprometiendo con ello las finanzas locales.

El FALLO

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por 11 meses al alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, a la alcaldesa (e) para la época de los hechos, Claudia Ximena García Navia, y a la secretaria de Deporte y Cultura del municipio, Claudia Lorena Cruz Astudillo, por irregularidades en la celebración y ejecución de un convenio de asociación con la fundación ‘La Tortuga Triste’ por valor de 176 millones de pesos.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría acreditó que la entidad sin ánimo de lucro carecía de idoneidad para ejecutar el contrato, cuyo objeto consistió en aunar esfuerzos administrativos y financieros para ejecutar la agenda artística y cultural del municipio enmarcada en la Semana Santa 2016, el cual se perfeccionó incumpliendo los requisitos exigidos para este tipo de actos jurídicos.

La Procuraduría consideró que los disciplinados vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad y eficacia de la contratación estatal y de la función administrativa.

La falta de los tres investigados se calificó como gravísima a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus decisiones.

El ente de control compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta la investigación penal de estos hechos, para lo de su competencia

Contra esta decisión de segunda instancia no procede recurso.

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