Otro fallo enreda las finanzas de Popayán

Un juzgado de Popayán le ordenó a la alcaldía disponer en un  término no superior a seis meses de presupuesto para atender el deterioro que se presenta en el Puente del Humilladero, el Puente de la Custodia y el Puente Viejo de Cauca.

El fallo se suma a la reciente condena en favor de la firma de ingenieros Solarte que también ordenó el pago de $72.000 millones de pesos por incumplimiento de un contrato de obras.

La nueva sentencia del Juzgado Octavo Administrativo de Popayán determina que el municipio de Popayán ha vulnerado y amenazado el derecho colectivo a la Defensa del Patrimonio Cultural de la Nación

Por ello conmina a la administración a que se  realicen todos los trámites administrativos, presupuestales y contractuales necesarios a fin de articular un Plan Especial de Manejo y Protección de estos lugares que tienen un importante valor histórico y cultural para la ciudad.

La sentencia responde a   una acción popular interpuesta por Jhon Freddy Gaviria, Luis Fernando Mora, Laura Daniela Molano y Angela Patricia Coral,  estudiantes del programa de Derecho de la Universidad del Cauca.

La sentencia ordena al municipio de Popayán que además se impulse la realización de jornadas de limpieza y embellecimiento, así como solicitar apoyo y aunar esfuerzos con la Policía Nacional para realizar acciones permanentes que garanticen la seguridad en estos tres lugares de Popayán.

En ese contexto, el fallo indica que el Ministerio de Cultura debe proceder de manera inmediata a facilitar de manera inmediata las directrices que considere necesarias para que el municipio de Popayán logre articular en el menor tiempo el Plan Especial de Manejo y Protección, con el fin no solo de conservar la estructura física sino recuperar su valor funcional, cultural e histórico.

También se refiere a que el Ministerio de Cultura y la Corporación Autónoma Regional del Cauca deben contribuir de manera armónica con el municipio de Popayán a lograr la ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección para la conservación y protección de la infraestructura.

De acuerdo con la docente María Fernanda Figueroa, Coordinadora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y docente de esta Unidad Académica,

“Con la Clínica Jurídica se busca que los estudiantes, a través de un ejercicio práctico, desarrollen habilidades de litigio en Derechos Humanos, y con sus intervenciones generen un impacto en problemáticas que afectan a la comunidad”, indicó la docente.

Finalmente agregó, que se busca comprometerlos con temáticas y problemas con los que posiblemente se encuentren cuando ejerzan su profesión de tal manera que ya han adquirido un aprendizaje que difícilmente se adquiere en la clase magistral.

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