Fallo de la corte Suprema exige al gobierno respetar las protestas pacíficas.

La Corte Suprema de Justicia emitió el día anterior un fallo histórico respecto al derecho de la protesta social en Colombia. En el proveído ordena al Gobierno Nacional de Colombia y a las demás autoridades a que se deben adoptar las medidas necesarias conducentes a garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y además, exige que se ofrezcan disculpas por los abusos registrados por parte del Esmad.

La decisión se da en virtud a la actual «problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas».

La sentencia de la Sala de Casación Civil tuteló también los derechos fundamentales a la expresión, reunión y libertad de prensa de un grupo de 49 personas que denunciaron los excesos del Esmad y advirtió sobre la implementación de un protocolo de acciones preventivas, simultánea y posteriores que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

De la misma manera la providencia ordena la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

“La Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional”, Esto no será excusa para el fomento del vandalismo, los responsables de esa conducta probada deberán responder ante instancias como la fiscalía o los jueces de la república, agrega la Corte.

Después de aplicar un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela, la Sala encuentra elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones.

“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente –señala la sentencia–, por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el ESMAD que, hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”. Refiere en uno de sus apartes el fallo.

Se insiste en que “una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretenda hacer apología del odio, de la violencia, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas”

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