Procuraduría pide anular decretos que permiten el fracking en Colombia.

La Procuraduría general de la nación solicitó hoy al Consejo de Estado anular el decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, mediante los cuales se dan los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking.

Esa normatividad no es compatible con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución de Colombia señala el Procurador Fernando Carrillo Flórez.

Para el ministerio Público el fracking no solo causa daño al medio ambiente, específicamente en las aguas subterráneas y superficiales, sino también pone en riesgo la salud de las personas, animales domésticos y con impacto negativo para la flora y la fauna.

“Considera el Ministerio Público que teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano», reitera la Procuraduría.

El órgano fiscalizador agrega que esa práctica además causa daño a las aguas subterráneas y
superficiales y, «por consiguiente los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política”.

Carrillo Flórez recalcó que de ocasionarse el daño, resultaría irreversible, teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.

Al rendir concepto ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Procuraduría rindió concepto ante la sección tercera del Consejo de Estado y solicitó aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medio ambiente y el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica.

Según la Procuraduría en caso de contaminación hídrica, «En la medida en que con la expedición de las normas objeto de este medio de control se ignoraron estos trascendentales principios, se considera que deben declararse nulas, por infringir las normas en las que han debido fundarse”, concluyo diciendo la Procuraduría.

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