Consejo de Estado ordena a la Fiscalía General de la nación ofrecer excusas a motociclista.

Por encarcelar de manera injusta a un motociclista que cometió una infracción de tránsito e involucrarlo en una investigación de tipo penal por un asesinato cometido en Palmira Valle, el Consejo de Estado condena a la Fiscalía a ofrecerle disculpas al mencionado y pagarle a él y sus familiares la suma de 27 millones 500 mil pesos por cada día dejado de laborar mientras que estuvo injustamente privado de la libertad, más otros daños y perjuicios morales.

El hecho de la referencia se presentó el 27 de abril del 2003, en la segunda ciudad del Valle. El motociclista había cometido una falta al desplazarse en una motocicleta con un parrillero cuando la norma lo prohibía en ese sector de la ciudad. La policía lo retuvo y al verificar su cedula de ciudadanía lo pusieron a órdenes de una Fiscalía ese mismo día, lo vincularon a un proceso penal por los presuntos delitos de homicidio , fábrica de municiones y porte ilegal de armas de fuego.

A los 10 dias siguientes, el juez del caso se abstuvo de dictar medida de aseguramiento y ordenó su libertad, al constatar que hubo irregularidades en la apertura de la instrucción por homicidio.

Luego el ente investigador archivó el proceso al concluir que el indiciado no disparó ningún arma ese día; su detención habría sido producto de una acción policiva derivada de una falta de tránsito y no como consecuencia de la comisión de un delito.

Tras obtener este pronunciamiento favorable a su inocencia, el procesado y sus familiares interpusieron una demanda de reparación directa, con la intención de obtener un resarcimiento económico por el daño causado, que tasaron en 400,10 salarios mínimos.

El Tribunal Administrativo del Valle, que conoció la demanda en primera instancia, declaró a la Fiscalía administrativamente responsable de la detención injusta.

Concluyó que la apertura de la indagación penal fue irregular, pues se basó en pruebas ilegales. Para vinculársele a la investigación se tuvo en cuenta un informe de la Policía por violación a la prohibición de llevar parrillero en su motocicleta y no pruebas concretas de que hubiera sido responsable de la conducta delictiva.

El órgano judicial ordenó reparación directa al investigado y a su núcleo familiar por más de 27 millones 500 mil pesos.
Aunque la Fiscalía apeló la decisión, el Consejo de Estado se ratificó en lo dicho inicialmente, pues encontró que la Fiscalía no tuvo en cuenta que el patrullero de la policía que interceptó al motociclista había expresado no lo haberlo visto en la comisión de un delito. Agregó que no se cumplían los presupuestos para haberlo retenido en flagrancia, y mucho menos para decretar la medida intramuros.

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