Entre las medidas que incluirá el proyecto de ley está el que sean los Consejos de Seguridad de las ciudades capitales y de los departamentos, y no solo las Brigadas, los que examinen y decidan la conveniencia de restringir el porte de armas, dado que dichos Consejos son presididos por los alcaldes y gobernadores, pero también es parte de ellos la Fuerza Pública.

El proyecto también contempla la obligación gradual de registrar la huella balística de las armas de fuego, para facilitar la identificación del origen de los proyectiles. También incluye un mecanismo riguroso de registro y seguimiento similar al empadronamiento de los particulares que cuenten con permiso para portar armas y establece mayores responsabilidades a los tenedores y portadores de armas de fuego.